Es inminente la aprobación de la ley de minería, en la provincia de Neuquén, Argentina, que permite la explotación minera pero con controles medioambientales en la provincia. La iniciativa genera amplia preocupación en sectores de la sociedad que defienden el medio ambiente y más aún en un país donde se le deja al zorro el cuidado de las gallinas, el estado con una función de contralor?

La discusión es porque este país sudamericano no tiene tradición minera. La megaminería no es la minería tradicional sino que es una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, por sus características, dimensiones y modalidades de explotación, se realiza a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas como el mercurio, el cianuro y el acido sulfúrico, y lo peor es que también emplea agua y energía.

La minera La Alumbrera en la provincia de Catamarca, el primer emprendimiento en la Argentina de este tipo, utiliza 100 millones de litros de agua por día, lo mismo que utilizan 500 mil personas. También requiere más energía que toda la provincia de Catamarca.

¿Cuáles son los escenarios de conflicto que gesta su aplicación?

Uno de ellos es la devastación ambiental. El primero de los tres paradigmas de la megaminería. La ecuación ambiental es irreversiblemente negativa. Además de que no es posible controlarla, genera una disputa por el agua en la población.

A esto se suma una política de saqueo económico encubierta, que propone espejitos de colores. Pintan escuelas, regalan ambulancias, compran voluntades y políticos, especialmente estos últimos se apiñan como moscas sobre el dulce. Lo peor es que el estado que dice ser el que va a controlar procura excensiones impositivas irracionales para las mineras trasnacionales.

Les ofrece estabilidad fiscal por 30 años, nada de lo que realmente le brindan a los sectores productivos. Tengan en cuenta que en Argentina un autónomo es un paria social, un escluído y un productor de campo es un enemigo para el gobierno.

Además de devastación ambiental y saqueo económico, hay devastación institucional, cuyo máximo exponente es nacional: el veto presidencial a la Ley de Glaciares. Sancionada por unanimidad, esta norma prohibía la actividad en glaciares y ambientes periglaciares. Pero se veta de forma deliberada para beneficiar el emprendimiento binacional Pascua Lama (San Juan), por cuanto se desarrolla en glaciares y ambientes periglaciares.

Los argentinos están sufriendo las herencias del reinado de Memem, dentro de unos años le agregarán el padecimiento de la destrucción producida por los permisos que la tribu de los Kirchner le da a las multinacionales.

Sirva de ejemplo para ilustrar la devastación de instituciones democráticas, proceso que promueve a su vez relaciones entre gobernadores y empresarios mineros. Es el caso del gobernador de San Juan (José Luis Gioja) y su vínculo con la empresa Barrick Gold.

El propio secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral) comparte directivos con esta empresa. Por eso decimos que se debe hacer un análisis conjunto de la problemática. No es solo una cuestión ambiental sino institucional y económica.

¿Qué consideraciones realiza en el plano provincial?

Vemos con mucha preocupación el proyecto que utiliza el mismo lenguaje de las transnacionales, aquellas que dicen que la actividad puede ser regulada con controles. Y esta no tiene control posible, porque es inherentemente contaminante.

La provincia de Neuquén parece que se quiere encaminar hacia eso, aunque existe la forma de enfrentar esto: con una ley que la prohíba. Y no es una petición absoluta e irracional. Hay siete provincias que tienen legislación prohibitiva, producto de la gran movilización social que existe en el país.

Estas son Río Negro, Chubut, La Rioja, La Pampa, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Queda afuera Santa Cruz, San Juan y Catamarca, las tres provincias que actualmente llevan a cabo megaemprendimientos mineros.

Estamos convencidos de que con una aplicación efectiva de los principios precautorio y preventivo, que obligan a prevenir el daño, la megaminería debería estar prohibida.

El ambientalismo no puede desprenderse de la cuestión social, la sociedad sufre la degradación ambiental, la contaminación hace más pobre al pobre, y una radiografía de eso es el Riachuelo.

El actual ordenamiento legal que existe de la actividad minera en realidad lo que produce es un saqueo, la ley de inversiones mineras beneficia a las empresas con una serie de excensiones impositivas, las cuestiones ambientales no se ponen en la ecuación patrimonial, dentro de los pasivos ambientales, porque estos finalmente se terminan socializando, como ocurre con el Riachuelo.

Mina de la Alumbrera - Catamarca

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